Juicio al ex jefe de seguridad en la cárcel de Nanclares

Cuatro presas denunciaron al funcionario por un presunto delito de acoso sexual.

El caso, que salió a la luz pública hace cuatro años y que estremeció a la sociedad alavesa por su crudeza -cuatro presas denunciaron al funcionario por un presunto delito de acoso sexual-, se sustanciará en una vista que comenzará el 18 de noviembre para alargarse dos jornadas. En ellas, defensa y acusación dirimirán argumentos y peticiones de penas tan elevadas como graves son las imputaciones. Las acusaciones particulares -dos abogados de oficio asisten a dos de las féminas y Salhaketa, a otras dos- pedirán 10 años de prisión, 36 de inhabilitación total, 21 meses de multa y una indemnización por daños morales de 3.000 euros por cada víctima.


Ante esta situación, los abogados de Salhaketa decidieron tomar las riendas de la defensa para que los presuntos delitos no quedasen impunes. Precisamente, ese mismo objetivo fue el que aglutinó a las decenas de agentes sociales que se volcaron en la causa y en 2007, durante la primera fase del procedimiento, 79 entidades formaron la plataforma de apoyo a las mujeres presas.

Ya tenemos fecha para el juicio contra el ex subdirector de Seguridad de la cárcel de Langraitz: se nos ha convocado para los días 18 y 19 de noviembre ante la Audiencia Provincial de Alava a las 9.30 de la mañana.
Las acusaciones particulares, en nombre de cuatro mujeres y del coordinador de la asociación Salhaketa, solicitamos en total la pena de 10 años de prisión y 36 años de inhabilitación absoluta y multa de 21 meses de duración. Asimismo se solicita que se condene al acusado a abonar a cada una de las cuatro víctimas personadas la cantidad 3000 € como indemnización por los daños morales sufridos. La defensa, ejercida por el Abogado del Estado, que pagamos todos los contribuyentes, solicita la absolución. El Ministerio Fiscal, como ha sucedido desde casi el principio del procedimiento, estará ausente a pesar de que su función debería ser la de velar por la legalidad vigente y suele acudir como acusación a la práctica totalidad de los juicios penales.

En todos los casos denunciados se acusa a Mariano Merino de realizar proposiciones sexuales a las denunciantes y en uno de ellos de efectuar además tocamientos no consentidos en diversas fechas del año 2004 lo que, de considerarse los hechos denunciados probados en sentencia, supondría la condena por cuatros delitos de solicitud sexual previstos en el artículo 443.2 del Código Penal así como un delito de abuso sexual previsto en el artículo 181.1 del Código Penal.

A este juicio llegamos después de un largo proceso en el que el juzgado instructor llevó a cabo una exhaustiva labor probatoria. Sin embargo, sorpresivamente, en noviembre de 2007 acordó el archivo de las actuaciones por considerar que las declaraciones de las denunciantes no estaban avaladas por ningún otro elemento periférico. La jueza recogía, de esta forma, el parecer manifestado por el fiscal en un informe previo a la toma de esta decisión. Las acusaciones recurrimos la resolución y la Audiencia Provincial estimó, en mayo de 2008, que existían pruebas suficientes, tanto en un sentido como en otro, para que fuera un tribunal el que decidiera en juicio oral sobre los hechos.

Todo esto no hubiera sido posible sin la presencia y el apoyo de mucha gente: por supuesto, lo principal ha sido el empuje y la decisión de las chicas denunciantes que han tenido que sufrir represalias y presiones innumerables por parte de algunos miembros de la institución penitenciaria. Pero también ha sido decisivo el respaldo de numerosos colectivos y personas individuales que han acudido a las convocatorias de concentración delante de los Juzgados, que han suscrito el manifiesto, que se han interesado por las mujeres denunciantes. A todas estas personas os queremos pedir un esfuercito más, que os sigáis preocupando por las mujeres presas y que acudáis a las convocatorias que se harán con motivo de la celebración del juicio